La estrategia de Venezuela frente a Exxon Mobil en el arbitraje por el antiguo proyecto Cerro Negro refleja hoy la defensa de la soberanía, apoyada en leyes que avalan el control del Estado sobre los recursos naturales.
Diversos expertos coinciden en ello y en que las presiones de la transnacional estadounidense apuntan al cuestionamiento de las decisiones de un gobierno para asumir la gestión mayoritaria de un rubro clave como son los hidrocarburos.
En este caso las acciones de la firma norteamericana apuntan a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el propósito de lograr medidas cautelares para congelar activos de la empresa por 12 mil millones de dólares.
Esa suma contrasta con el valor real de los bienes de la corporación venezolana, estimados en 107 mil millones de dólares al cierre del pasado ejercicio fiscal.
Para la ex magistrada Hildegard Rondón, Venezuela tiene la facultad de ejercer su derecho sobre los recursos naturales, lo cual constituye un acto de soberanía.
Sobre los argumentos de Exxon en cuanto a una supuesta discriminación respecto a la migración a la figura de empresas mixtas, recordó que el trato fue similar para todas las entidades.
Prueba de ello es que la mayoría de las compañías aceptaron el cambio, entre ellas Chevron (Estados Unidos), Total (Francia) y British Petroleum, e incluso con varias se acordaron las compensaciones correspondientes.
Por la figura del arbitraje optaron Conoco Phillips y Exxon Mobil, en tanto con la primera de ellas las conversaciones avanzan hacia una posición aceptada por ambas partes.
La política de plena soberanía petrolera dejó en manos del gobierno recursos que anteriormente escapaban del país, pues se ajustaron al alza los pagos por regalías y del Impuesto Sobre la Renta.
Diversos expertos coinciden en ello y en que las presiones de la transnacional estadounidense apuntan al cuestionamiento de las decisiones de un gobierno para asumir la gestión mayoritaria de un rubro clave como son los hidrocarburos.
En este caso las acciones de la firma norteamericana apuntan a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el propósito de lograr medidas cautelares para congelar activos de la empresa por 12 mil millones de dólares.
Esa suma contrasta con el valor real de los bienes de la corporación venezolana, estimados en 107 mil millones de dólares al cierre del pasado ejercicio fiscal.
Para la ex magistrada Hildegard Rondón, Venezuela tiene la facultad de ejercer su derecho sobre los recursos naturales, lo cual constituye un acto de soberanía.
Sobre los argumentos de Exxon en cuanto a una supuesta discriminación respecto a la migración a la figura de empresas mixtas, recordó que el trato fue similar para todas las entidades.
Prueba de ello es que la mayoría de las compañías aceptaron el cambio, entre ellas Chevron (Estados Unidos), Total (Francia) y British Petroleum, e incluso con varias se acordaron las compensaciones correspondientes.
Por la figura del arbitraje optaron Conoco Phillips y Exxon Mobil, en tanto con la primera de ellas las conversaciones avanzan hacia una posición aceptada por ambas partes.
La política de plena soberanía petrolera dejó en manos del gobierno recursos que anteriormente escapaban del país, pues se ajustaron al alza los pagos por regalías y del Impuesto Sobre la Renta.
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